… en la opinión.
En lo que va de este siglo XXI, ningún gobierno local había amedrentado tanto a la clase trabajadora, principalmente a los trabajadores sindicalizados. Lo sorprendente es que siendo un gobierno de izquierda, las acciones que han emprendido han perjudicado a los empleados al servicio de los poderes públicos.
Desde que se hizo la reforma a la ley del servicio civil dejó desprovistos a trabajadores que su salario se pagaba con recursos federales y estatales. El gobierno de Margarita Gonzales Saravia envió una iniciativa al congreso, en la que desconocía derechos a los trabajadores que se encontraran en esta situación. Sin importar que afectaba derechos contraídos. Era de esperarse la reacción de los empleados, se organizaron y se fueron a la protesta; haciendo movilizaciones en la calle. Esta reforma afectaba severamente a los maestros del magisterio y a los empleados del IEBEM, al darse cuenta el gobierno tuvo que recular y modificó la iniciativa el Congreso.
Juan José Oviedo, especialista en derecho laboral, opinó que se estaba cometiendo una arbitrariedad legal y constitucional, al negarle derechos a los trabajadores que se encontraban en tal situación, aunque aclaró que la respuesta del gobierno de la Transformación, actúo no por la omisiones al marco legal, sino más bien por la capacidad de movilización que realizaron los trabajadores. Tanto, el poder ejecutivo y el legislativo, ambos intervinieron para modificar tal aberración.
Un trabajador de la extinta Secretaría de Hacienda, que existió a inicios de esta administración, afirmó que más bien esta propuesta de desconocer derechos, obedeció a una especie de revanchismo contra un ex funcionario del órgano de FIFODEPI, dicho organismo se encarga de la promoción de la inversión y desarrollo empresarial. Cuando presentó su solicitud de jubilación, no les agradaron muchos a los encargados de expedir los documentos y al darse cuenta que su sueldo se integraba de recurso federal y estatal. Prepararon tal ofensiva para contrarrestar los deseos de los ex trabajadores de jubilarse con un sueldo jugoso.
Otro de las acciones que se han emprendido en contra de la clase trabajadora son las modificaciones al Instituto de Crédito del Gobierno del Estado.
Saraceli, trabajadora, manifestó que en este gobierno es más difícil adquirir un crédito para un auto o casa, son más requisitos burocráticos con la intención de desanimar al empleado, aunque cabe aclarar que este órgano es de los trabajadores no es propiamente del gobierno.
Juan, sindicalizado del Poder Ejecutivo, reveló que apenas le entregaron su expediente ya como trabajador de base. “ya se habían tardado mucho tiempo, yo pensé que ya no me la iban a dar, pero finalmente me la entregaron”. Y es que algunos sindicalizaron opinaron que mientras a ellos los hicieron esperar para darles su base, a los trabajadores de confianza les entregaron su nombramiento de inmediato. “Se supone que en la negociación es cincuenta y cincuenta para ambas partes, tanto para el gobierno como para el sindicato. En cambio, el gobierno se sirvió con la cuchara grande, ellos les dieron primero a su gente”. Y es que consideran que la percepción que tiene este gobierno con los trabajadores sindicalizados es que no hace nada, realmente no trabajan. “Y no es así, nosotros somos los de abajo, los que estamos sacando la chamba”.
Durmiendo con el enemigo.
La creación del Instituto de Pensiones y Jubilaciones es una argucia del Ejecutivo, para tener el control. No es tanto para poner orden en las finanzas.
Un trabajador jubilado en el sexenio de Blanco Bravo, reveló que esta propuesta de crear un Instituto de Pensiones y Jubilaciones no es nuevo. En el sexenio de Graco Luis se tenía contemplado implementarlo, pero no se logró, no fue viable. Indicó que fueron los mismos personajes en su tiempo. “Recuerdo que en aquel entonces el director de recursos humanos era un tal Buitrón, hacía equipo desde entonces con Salazar, pero no tuvieron éxito.
Graco no se prestó al juego y lo rechazó, pero ahora con Margarita es posible que quieran impulsarlo, pues es que, ella realmente no sabe mucho de todo esto, es muy notorio que hace lo que le dice su gente cercana, yo creo que la convencieron y aceptó.
Me imagino que hoy, la convenció el súper secretario de finanzas y administración, para crear el instituto. Yo no veo bien, este organismo, porque van a tratar de rebajar las pensiones y jubilaciones, haciendo retenciones del sueldo; vía impuestos o algún concepto para finalmente darte una pensión pobre”. Como ellos ya están jubilados, y hasta la esposa de uno de ellos ya esta jubilada y se encuentra actualmente laborando. No les importa afectar a los trabajadores.
Enrique Peñaloza, laboralista y catedrático universitario consideró que es una estrategia para que hoy pasen las pensiones y jubilaciones a manos del poder ejecutivo, y con ello allegarse de los recursos de los trabajadores, pretenden funcionar como una especie de financiera, “esta medida no te garantiza que en verdad se vaya administrar correctamente las pensiones y jubilaciones, por parte del ejecutivo. Será juez y partes y eso es peligroso”.
Además, agregó, “el trabajador tiene derecho a pensionarse y a jubilarse, es un derecho universal, no es una dádiva que otorga el gobierno. Luego entonces, con esta reforma se pretende quitarle al poder legislativo la facultad de jubilar y pensionar, para pasar a manos del ejecutivo. Y es importante señalar que en la actualidad, para pensionarte o jubilarte existe exprofeso una comisión legislativa que se integra por diputados de diferentes fuerzas políticas, pero además, se somete a votación en el pleno de la asamblea, y si uno de los legisladores no está de acuerdo se remite nuevamente a la comisión para su análisis.
Con esta innovación quienes serán los que dictaminen los expedientes, ¿acaso un grupo de servidores públicos, con la anuencia del director? Y con este cambio ya no habrá jubilaciones y pensiones exprés; es decir a última hora metían dictámenes para ser aprobados, principalmente de funcionarios de primer y medio nivel, como ha ocurrido en todas las anteriores administraciones estatales.
El nuevo instituto, -preguntó- no va avalar documentos apócrifos como solía pasar con algunos ayuntamientos, como era el caso de Puente de Ixtla, que expedía cartas de antigüedad, que la verdad, daban risa. Como era posible que un servidor público de mando de primer o mando medio presentaba documentos en el que hacían saber que había sido auxiliar administrativo hasta por nueve años o más, en ese ayuntamiento. Y le aceptaban el documento y procedía para su jubilación. ¿Con esta medida se terminan las pensiones doradas?… ¿para quién es? -¿Para todos por igual?, o solo para los que no son del color guinda.
Los trabajadores están solicitando que los inviten a mesa de trabajo, para presentar propuestas, y para debatir, y a cambio, la respuestas de la autoridad es que van a presentar la iniciativa a los trabajadores antes de ser entregada al Congreso, eso no quieren los sindicalizados; lo que ellos piden es deliberar, discutir y en su caso proponer. A mí me parece una argucia muy mal intencionada, de quienes están manejando este asunto y desafortunadamente el poder judicial y legislativo cayó en este juego perverso.
Se supone que en el Congreso cambiaron a la presidenta de la comisión del trabajo, que era Tania Valentina del PT, que según había irregularidades, y a cambio, designaron a Brenda Espinosa de Morena y no hace nada, lo único que hace es festejar su cumpleaños en su oficina y tomarse fotos con políticos del ámbito nacional, tiene todo paralizado, hasta que se apruebe el instituto, que según son indicaciones del ejecutivo estatal. ¿Entonces, de que sirvió el cambio? Además, el legislativo tiene una gran cantidad de amparos, que no ha dado contestación, prefieren que los multen, a cambio de darle continuidad a los derechos de los trabajadores. Hay que ver si el juez mixto del poder Judicial federal, no es un juez de acordeón, porque si es así ya valieron los derechos, les van a seguir autorizando al congreso prórrogas para dilatar los derechos de los trabajadores, hasta lograr imponer a fuerza el mal logrado instituto de pensiones y jubilaciones.
