- Presenta el diputado Gerardo Abarca punto de acuerdo dirigido a las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cuernavaca, Morelos; 31 de octubre del 2024.- El Pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo, presentado por el diputado Gerardo Abarca Peña, para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que observen el cumplimiento del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos.
Asimismo, se insta a diversas dependencias que “se ejecute una estrategia efectiva en materia de anticorrupción”, lo anterior derivado de las múltiples quejas ciudadanas por el exceso de cobro por parte de permisionarios en las carreteras de su jurisdicción.
Abarca Peña recordó que, en 2023, el gobierno federal expidió el Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, “con la finalidad de regular el servicio de grúas y corralones o depósitos a nivel federal”; agregó que “se instauraron costos de arrastre y depósito”, además de implementarse la verificación de kilómetros de traslado mediante un sistema GPS, con la finalidad de que “no hubiera cobros indebidos por parte de permisionarios”.
Al respecto, hizo un llamado a todos los ciudadanos a que denuncien ante la autoridad correspondiente los actos de corrupción gubernamentales. Y planteó que “sólo así podremos terminar con esta mala praxis y depurar las instituciones de estos malos funcionarios”; en este sentido, reveló que de cada “100 mil habitantes, el 14% han sido presas de los actos de corrupción”.
Finalmente, el legislador, emanado de las filas del Partido Acción Nacional, reiteró su exhorto a las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; a la de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, “a que observen e investiguen lo aquí expuesto, tomen las medidas coercitivas o de corrección que correspondan contra los actos de corrupción que afectan la economía, la confianza y el bienestar de los ciudadanos”.
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