Opinión
19 de mayo de 2025
Por Jessica Ortega
Como mujer, feminista y defensora de los derechos humanos, rechazo rotundamente la intención de desaparecer el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. No se trata de un simple ajuste institucional: sería un grave retroceso político y social.
En un estado donde, en lo que va del año, se han registrado 40 feminicidios, desmontar una instancia creada para enfrentar la violencia y desigualdad que vivimos las mujeres es una decisión peligrosa e irresponsable.
El Instituto de la Mujer no es un favor del Estado ni una estructura prescindible. Es una conquista producto de la lucha colectiva de muchas mujeres que exigimos voz, autonomía y políticas públicas con enfoque de género. Su autonomía constitucional, lograda en 2018, garantiza independencia frente al poder y capacidad para vigilar, denunciar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos.
Celebro la creación de la Secretaría de las Mujeres como una muestra de voluntad institucional por avanzar hacia la igualdad. Su existencia puede y debe fortalecer la política pública desde el Ejecutivo. Pero no puede ni debe ser a costa de eliminar al Instituto, cuya autonomía es indispensable para cuestionar, exigir y observar al propio gobierno cuando las omisiones o violencias provienen desde ahí.
Ambas instancias tienen funciones distintas y complementarias: mientras la Secretaría diseña y coordina políticas desde el gobierno, el Instituto las evalúa, vigila y defiende desde una postura independiente. Borrar esa diferencia sería borrar también nuestra capacidad de exigencia.
Decir que una Secretaría puede sustituir a un órgano autónomo es desconocer el origen de nuestra lucha y minimizar las batallas que hemos ganado. Nuestros derechos no deben estar sujetos a intereses políticos ni a los vaivenes de ninguna administración.
Desde aquí lo decimos claro: no vamos a permitir que desmantelen nuestras conquistas. No daremos ni un paso atrás.
