Las herramientas jurídicas no deben ser utilizadas por los políticos para la confrontación de temas que atañen al beneficio público, Manuel Martínez Garrigós, presidente de las Fundaciones Morelenses “Bajo los Volcanes” y “Morelos Merece Ganar” consideró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación a la suspensión del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, creado por los diputados del G-15 del Congreso, era previsible ante la división de poderes que nos rige; sin embargo, dijo que habrá que esperar a la revisión de la glosa.
Martínez Garrigós, insistió en que “cuando los políticos utilizamos lo jurídico para hacer política no hay razón de ser y los resultados no son buenos” y respecto a este tema que involucra la distribución de los recursos públicos a los municipios de la entidad, dijo que lo aplicable es recurrir al diálogo, a la operación política, “si el gobernador no sabe hacer política, entonces debe enviar a un operador político de nivel que realice esa función para lograr un consenso mediante el dialogo y lograr acuerdos que beneficien a la población que es la principal afectada en casos como éste”.
Lamentó que a nivel nacional y entre las instituciones locales no haya consenso ni acuerdos y que no se apueste a una gobernabilidad democrática además, destacó “es muy importancia conocer las instituciones, entender la teoría y la práctica tanto de la política como de lo jurídico y en consecuencia actuar con responsabilidad” para que no tenga que intervenir un poder supremo en materia constitucional y de protección de los derechos humanos, que como en éste caso lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y “corregir la plana, en donde los únicos que pierden son los gobernados, es decir los morelenses”.
Al ser cuestionado sobre cómo se prevé que se distribuirán los recursos a los municipios reconoció que no es un tema sencillo porque se da pie a la discrecionalidad ante la falta de un consenso, por ello insistió en lo imprescindible que es la operación política, para no recurrir a los procesos de impugnación en los que quienes pierden son los ciudadano
